El desmantelamiento de uno de los laboratorios de fentanilo más grandes y tecnológicos del país en Chihuahua dejó de ser una simple victoria policial para transformarse en una crisis. Hoy, este operativo es el centro de un profundo choque político que enfrenta al Gobierno Federal, a las autoridades estatales y al gobierno de Estados Unidos.
¿Intervención extranjera?
Todo estalló tras el rumor de que agentes estadounidenses (como la CIA o la DEA) participaron directamente en el cateo de este laboratorio en Chihuahua. Según las leyes mexicanas, los agentes extranjeros tienen prohibido portar armas o participar en operativos; solo pueden compartir información. Ante la sospecha de que Estados Unidos rompió las reglas, el Senado mexicano, impulsado por el partido oficial, exigió que los secretarios de seguridad nacional comparezcan de urgencia para dar explicaciones.
Todo lo hicimos nosotros
Sin embargo, el gobierno de Chihuahua cuenta una historia muy distinta. La gobernadora Maru Campos asegura que ninguna agencia extranjera participó en el terreno; dice que la policía estatal hizo todo el trabajo y que Estados Unidos únicamente les pasó “el pitazo” con datos de inteligencia. Además, la oposición acusa al Senado de armar un teatro político para manchar la imagen de la gobernadora rumbo a las próximas elecciones.
No confían en la federación
Pero más allá del pleito político, los expertos en seguridad revelan el problema de fondo: una crisis de confianza. El laboratorio era tan avanzado que requirió rastreo satelital estadounidense. Todo apunta a que las agencias de EE. UU. prefirieron darle la información confidencial directamente a la policía de Chihuahua en lugar de al Gobierno Federal, por miedo a que la información se filtrara.
Al final, este caso nos deja una lección clara: la lucha contra el tráfico de drogas está atrapada entre la desconfianza de Estados Unidos y las peleas electorales en México.
