El gobierno federal ha decidido cambiar las reglas del juego en la defensa de los migrantes mexicanos. Tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, la diplomacia de papel quedó atrás: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pasará a la ofensiva con acciones jurídicas directas en Estados Unidos.
Se buscan sanciones penales
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, las tradicionales notas de protesta y las quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya no bastan. El objetivo de la Cancillería, bajo la coordinación de Roberto Velasco, es contundente: buscar que se castigue penalmente a los agentes extranjeros que utilicen la fuerza letal para responder a lo que, legalmente, constituye una simple falta administrativa.
Algo inaceptable
Detrás de este giro estratégico hay un saldo que la administración federal considera inadmisible: desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, se han documentado al menos 16 muertes de connacionales vinculadas a operativos o instalaciones del ICE. El caso de Salgado, un trabajador que llevaba 35 años residiendo en territorio estadounidense, busca marcar un precedente para llevar estos abusos directamente ante los tribunales del país vecino.
