¿Te imaginas ir a la cárcel de manera automática por un problema con tus impuestos, antes de que siquiera se demuestre tu culpabilidad en un juicio? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de decir: “ya no más”.
En una decisión histórica, los ministros eliminaron la regla que enviaba a prisión directa (prisión preventiva oficiosa) a quienes eran acusados de defraudación fiscal, contrabando o uso de facturas falsas.
¿Qué significa esto?
No significa que estos delitos ya no se castiguen. Si alguien comete un fraude al SAT, la Fiscalía aún puede pedir que enfrente su juicio en prisión, pero ahora tendrá que demostrarle a un juez por qué es necesario, probando que hay riesgo de que el acusado se fugue.
Para el sector empresarial y los abogados, esto es un respiro contra lo que llamaban “terrorismo fiscal” y una victoria para la presunción de inocencia. Sin embargo, para el gobierno federal, es un golpe duro: aseguran que esta decisión solo protege a los evasores de “cuello blanco”.
