El pasado 11 de marzo, el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 116 votos a favor, la reforma al artículo 127 de la Constitución que pone un límite a las llamadas “pensiones doradas”. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que ningún exfuncionario de confianza de organismos paraestatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario presidencial, lo que equivale a un tope de 70 mil pesos mensuales.
El hecho surge luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exhibiera una lista de casi 100 mil pensionados de instituciones como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y la banca de desarrollo, cuyos pagos sumaban más de 94 mil millones de pesos al año. Entre los casos más llamativos destacaba el de Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex, quien recibía más de un millón de pesos mensuales, mientras que el promedio de pensión en México ronda los 7 mil pesos.
Más detalles
La reforma fue respaldada por todas las bancadas, incluyendo al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aunque la oposición advirtió que se trata de una medida incompleta al no incluir a las Fuerzas Armadas ni a ministros en retiro. El gobierno estima un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serían destinados a programas sociales. La reforma ya fue turnada a la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, pasará a los congresos estatales para su ratificación definitiva.
